Hace unos días el Poder Ejecutivo le envió al Congreso el pedido de delegación de facultades durante 120 días en materia tributaria, financiera y reactivación económica.

De acuerdo con lo indicado por el ministro de economía, Pedro Francke, la prioridad es cobrar las deudas de las grandes empresas y hacer una reforma tributaria que permita con justicia social y tributaria, recuperar o generar mayores ingresos para el Estado, a fin de financiar de forma sostenible a todos los temas de inclusión y protección social.

Personas

Una de las principales modificaciones en materia tributaria será el incremento de los impuestos a las personas de mayores ingresos. Por un lado, incrementando las tasas del impuesto a la renta (IR) aplicable a las rentas netas del tramo superior de los trabajadores. Actualmente existe una deducción fija de 7 UIT y de 3 UIT adicionales para determinados gastos para todos los trabajadores sin excepción. Luego de ello se aplican tasas escalonadas de entre 8% y 30%.

Adicionalmente se quiere reducir el límite de las 24 UIT de la deducción del 20% a las rentas de cuarta categoría, es decir para quienes emiten recibos por honorarios.

Otra medida que quiere implementar el gobierno es incrementar el impuesto a la renta de primera y segunda categoría. Actualmente em primera categoría se encuentran los alquileres de inmuebles y tienen una tasa de 5%. En la renta de segunda categoría, que también tiene una tasa del 5%, se cobra a la venta de inmuebles, intereses generados por la colocación de capital, regalías, rentas vitalicias, dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, entre otros.

Respecto al IGV, el gobierno plantea la eliminación de la exoneración que aplica actualmente sobre los seguros de vida.

Empresas

En el caso de las empresas también se pretende hacer modificaciones al impuesto a la renta, pero sin modificar tasas. A lo que apuntan es a limitar los costos o gastos que pueden ser deducibles para pagar menores impuestos. Asimismo, quieren gravar con impuesto a la renta a los dividendos que obtengan las personas jurídicas domiciliadas y regular el tratamiento aplicable a las retenciones que dichos contribuyentes efectúen por esas rentas. Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades se encuentran gravados con la tasa del 5%, siempre que no sean distribuidos a personas jurídicas domiciliadas.

En materia de imposición al consumo se busca modificar la normativa del IGV adaptándola a la implementación que se requiera para contar con un mecanismo que permita una adecuada tributación de los negocios digitales como Netflix, Spotify, Uber, entre otros.

Buscarán crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para micro y pequeñas empresas, que incentive la declaración de costos y gastos por medio de sus deducciones, mediante el empleo de libros y registros contables electrónicos, así como comprobantes de pago electrónico. Con esta medida se modificaría la ley que rige el NRUS (Nuevo régimen único simplificado) y se suprimiría el RER (Régimen especial de impuesto a la renta) y el RMT (Régimen mype tributario).

Minería

El Ejecutivo plantea la modificación del régimen tributario minero para incrementar la recaudación en medio del incremento del precio de los minerales.  Se propone modificar las leyes que regulan la regalía minera, el impuesto especial a la minería y el gravamen especial a la minería a fin de optimizar el diseño de los instrumentos fiscales y mejorar la participación del Estado en las rentas producidas por la explotación de los recursos mineros.

La intención del gobierno es regular montos mínimos para su determinación, modificando los tramos de margen operativo y aumentando las tasas marginales. Asimismo, ajustar la determinación de la utilidad operativa, modificando los conceptos que integran el costo de ventas y los gastos operativos, así como revisando la deducibilidad del monto efectivamente pagado por concepto de regalía minera, impuesto especial a la minería y gravamen especial a la minería, para efectos del impuesto a la renta, a fin de evitar deducciones cruzadas.

Además, se quiere modificar los beneficios que ofrecen los contratos de garantías previstos en la Ley General de Minería, tales como el beneficio de depreciación de activos fijos utilizados en proyectos cubiertos bajo dichas garantías.

Conclusión

Es evidente que el gobierno está planteando este incremento de impuestos para aumentar la recaudación y así poder tener mayor capacidad de gasto público y así intentar cumplir sus promesas de campaña. Sin embargo, se sigue cometiendo el mismo error de anteriores administraciones, en lugar de ampliar la base tributaria, se le sigue recargando el peso de la recaudación a las personas y empresas que ya pagan impuestos y desalientan la formalización de empresas con mayores costos.

Finalmente, quedan muchas dudas respecto a la capacidad de este gobierno para administrar estos recursos de manera eficiente.  Será el Congreso ahora quien deberá decidir si le concede las facultades al gobierno para ejecutar este plan.